Control parlamentario y designación de órganos constitucionales en EspañaTeoría y práctica

  1. Ana Carmona Contreras
Revista:
Revista de las Cortes Generales

ISSN: 0213-0130 2659-9678

Año de publicación: 2022

Título del ejemplar: 40 Aniversario del Reglamento del Congreso de los Diputados

Número: 113

Páginas: 245-273

Tipo: Artículo

DOI: 10.33426/RCG/2022/113/1698 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso abierto editor

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Resumen

La regulación constitucional de los mecanismos de designación parlamen- taria de los más altos órganos del Estado expresa la necesidad de lograr un reforzado consenso entre las fuerzas políticas con representación en las Cámaras para designar a candidatos dotadas de capacidad técnica y excelencia profesional. Asimismo, es expresión de la voluntad de desgajar los períodos de mandato del ciclo parlamentario (legislatura), dotándolos de una duración más prolongada. Estas previsiones aparecen basadas en un sustrato común: dotar de una legitimidad democrática cualificada a instancias de naturaleza contramayoritaria que, por definición, carecen de la misma. En España, esta pretensión constitucional, así como su posterior desarrollo normativo ponen de manifiesto una acentuada tendencia a limitar sus efectos al terreno de lo estrictamente teórico. En la práctica se constata una situación patológica persistente, especialmente agravada en los últimos tiempos. Se constata una profunda adulteración del sentido constitucional atribuido a las mayorías, reemplazándolo por un sistema de cuotas en el que se fijan unilateralmente los candidatos y son recíprocamente aceptados. Este modus operandi, por lo demás, relega la participación de las Cámaras en los procesos electivos al rol de ‘convidado de piedra’. La legitimidad democrática que confiere su ejercicio, por lo tanto, se circunscribe a un ámbito preeminentemente formal. Asimismo, los períodos de mandato han perdido su certeza temporal, de tal manera que las prórrogas se han con- vertido en la regla y la renovación en plazo insólita excepción. Recuperar la voluntad de Constitución se muestra, pues, como exigencia prioritaria. Cambiar la situación, sin embargo, requiere una decidida transformación de la dinámica política dominante, lo que en términos realistas, parece misión imposible. Sin perder de vista la dificultad concurrente, empero, se proponen una serie de reformas de los reglamentos parlamentarios cuya introducción contribuiría a mejorar sustancialmente el nocivo contexto institucional existente