Pensiones, desempleo y previsión social complementaria

Resumen

Se analizan en esta crónica cuestiones relativas a la procedencia de la extinción de la prestación por desempleo cuando se compatibiliza la prestación con el trabajo por cuenta ajena como deportista profesional; y la procedencia de dicha prestación para los trabajadores fijos discontinuos, en período de inactividad productiva, afectados por el ERTE de la empresa a causa de fuerza mayor derivada del COVID-19. En relación con los subsidios por desempleo se analiza la procedencia o no del reintegro del subsidio por desempleo obtenido cuando se declara improcedente la extinción al no apreciarse la concurrencia de fraude de ley, así como el requisito de carencia de ingresos. Sobre la pensión de jubilación se examinan el requisito de carencia específica para acceder a la pensión; las consecuencias del error de la empresa corregido con posterioridad en Acuerdo de empresa sobre jubilación parcial; la responsabilidad empresarial por falta de alta y cotización como consecuencia del encuadramiento en Régimen indebido; la procedencia del complemento de pensión por mínimos a cargo de la Seguridad Social española respecto a un beneficiario que tiene reconocida una pensión originaria de Venezuela, pero que no la percibe efectivamente; el reconocimiento a los padres varones del complemento por maternidad por aportación demográfica se pronuncia; y la acreditación del requisito de residencia legal en España. En relación con mejoras voluntarias de la Seguridad Social, sobre la procedencia de la aplicación a una pensión de viudedad de una prestación complementaria correspondiente a un beneficio derivado del complemento de jubilación anticipada establecido en acta colectiva, e incorporado posteriormente al convenio colectivo empresarial. Respecto a la prestación por incapacidad permanente, se analiza la posible discriminación por discapacidad en relación a procedimiento de revisión de incapacidad permanente absoluta a gran invalidez por agravación de las limitaciones físicas del beneficiario; el reconocimiento del derecho a la prestación de incapacidad permanente total para la profesión habitual; la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con las reglas de cálculo de la pensión de incapacidad permanente derivada de enfermedad común para trabajadores a tiempo parcial; y la determinación de imputación de responsabilidades relativas al abono a una prestación de incapacidad permanente total derivada de contingencia profesional. Finalmente, en cuanto a la pensión de viudedad, se analiza la acreditación de la condición de víctima de violencia de género a efectos de causar derecho a la pensión de viudedad, y la fecha en la que se han de fijar los efectos económicos de una pensión de viudedad reconocida a quien, al tiempo del fallecimiento del causante, se encontraba en una situación de internamiento involuntario por razones de salud física y mental.