La responsabilidad de los Estados miembros frente a los particulares por incumplimiento de normativa comunitaria

Laburpena

La idea de la presente tesis doctoral nace a partir de la publicación, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de la ya clásica sentencia Francovich y Bonifaci (19.11.1991). El desarrollo que en el plano político tuvo "La Europa de los Ciudadanos" fue determinante en el modo en que finalmente se orientó el trabajo de investigación, cuyo objeto quedó delimitado por el estudio de responsabilidad interno (Estado frente a los particulares), consagrado como vía de presión a los Estados miembros a los efectos del correcto cumplimiento de las obligaciones que les impone el ordenamiento jurídico comunitario. La práctica ha venido a demostrar la efectividad de dicho sistema como vía correctora de las instrucciones del Derecho Comunitario por los Estados miembros. El trabajo se estructura en torno a cinco capítulos: los dos primeros, dedicados al análisis de los elementos estructurales (pirales normativos para la cimentación del principio, tipología de las intracciones a la normativa comunitaria en función del carácter de la norma incumplida, y procedimientos de detección de dichas intracciones, destacando el papel activo que desempeña el ciudadano en el control de la legalidad comunitaria). El capítulo central, sin duda el más importante, dedicado al análisis jurisprudencial de más de una veintena de sentencias que, desde 1960 ( sentencia HUMBLOT) hasta la actualidad, han sido precisando los elementos determinantes de este principio intrados del ordenamiento jurídico comunitario. Los dos últimos capítulos están dedicados a la efectividad aplicación del principio de responsabilidad en los Estados miembros. Partiendo del reenvío a los sistemas internos, presidida por la interacción de una serie de principios que articulan su aplicación, se analiza la necesidad de una teoría común de responsabilidad, dedicando especial interés al papel del juez nacional como juez comunitario de Derecho Común. Finalmente, el último capítulo está dedicado al análisis de la efectiva aplicación del principio en el ámbito de la contratación pública.