La dimensión constitucional del principio de transparencia y el derecho de información activa

  1. Ruiz-Rico Ruiz, Gerardo 1
  1. 1 Universidad de Jaén
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    Universidad de Jaén

    Jaén, España

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Revista:
Revista de Derecho Político

ISSN: 0211-979X

Año de publicación: 2021

Número: 110

Páginas: 47-78

Tipo: Artículo

DOI: 10.5944/RDP.110.2021.30328 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso abierto editor

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Resumen

La transparencia y el derecho a la información son elementos esenciales en un Estado democrático de derecho. Pero la ausencia por lo general en los textos constitucionales de una formulación explícita de estos principios no es un obstáculo para reconocer su vinculación con principios y derechos constitucionales. La información además es un principio que genera un conjunto de obligaciones para las instituciones públicas, y especialmente a las judiciales y administrativas (información activa). La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno representa una iniciativa importante, si bien sólo parcialmente innovadora. La «información activa» se configura como un principio instrumental y obligatorio para las Administraciones públicas, si bien no como un derecho accionable por el ciudadano. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se convierte en la principal garantía de las obligaciones de información activa que impone la Ley de 2013. El principio de transparencia se aplica igualmente, aunque con algunas especialidades, en la Administración de Justicia. Sin embargo, la relevancia progresiva del principio de trasparencia no permite afirmar la existencia de un verdadero derecho fundamental a la información activa; aunque se pueden defender argumentos que refuerzan su potencialidad jurídica. Finalmente se hace un balance crítico de los déficits y mejoras que necesitaría la vigente legislación.

Referencias bibliográficas

  • La Ley de Transparencia, Acceso a la Información, Publica y Buen Gobierno, (I. Wences, M. Kölling, S. Ragone (coords.), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, EPC, Madrid, 2014.
  • M. Carrillo, «Transparencia y derechos de acceso a la información en las administraciones públicas», en Parlamento y Constitución. Anuario, núm. 17, 2015, p. 273.
  • J. Ponce-Solé, El principio de buena administración: discrecionalidad y procedimiento administrativo, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1998.
  • J. Rodríguez-Arana, «El derecho fundamental al buen gobierno y a la buena administración de instituciones públicas», en Revista de Estudios Locales, Madrid, núm. 100 (abr. 2007), p. 39-47,
  • J. Rodríguez-Arana, «la buena administración como principio y como derecho fundamental en europa misión jurídica», en Revista de Derecho y Ciencias Sociales, Bogotá, D.C. (Colombia) Colaboradores Externos Internacionales Núm. 6, Año 2013 enero-diciembre, pp. 23-56.
  • Javier Barnes, «Buena administración, principio democrático y procedimiento administrativo», en Revista Digital de Derecho Administrativo, n.º 21, primer semestre de 2019, pp. 77 a 123.
  • G. Ruiz-Rico Ruiz, «El derecho a una buena administración. dimensiones constitucional y estatutaria». En El derecho a una buena administración y la ética pública. C. Ávila Rodríguez y F. Gutiérrez Rodríguez, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 55-76.
  • F. Rey, «Quod omnes tangit ab omnibus cognitum es-se debet: el derecho de acceso a la información pública como derecho fundamental», en Revista Jurídica de Castilla y León, núm., 33, 2014, p. 12
  • L. Cotino Hueso, «El reconocimiento y contenido internacional del acceso a la información pública como derecho fundamental», en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 40, 2017, pp. 279-316 3.
  • L. Cotino Hueso, «Algunas propuestas de mejora de la normativa del derecho de acceso a la información», Dilemata, núm. 27, 2018, pp.263-279.
  • Mir Puigpelat, O «El acceso a la información pública en la legislación española de transparencia: crónica de un cambio de paradigma», en Revista Catalana de Dret Públic, núm. 55, 2017, pp. 48 y ss.
  • Ruiz-Rico Ruiz, Gerardo, «El control sobre la financiación de los partidos políticos un desafío permanente para el legislador», Teoría y realidad constitucional, núm. 35, 2015, pp. 281-308.
  • A. Troncoso Reigada, «Los límites al acceso a la información: la protección de datos personales» en Informática y derecho, Revista Iberoamericana de Derecho Informático, núm. 1, 2016, pp. 47 y ss.
  • J.J. Fernández Rodríguez, «El papel de las defensorías del pueblo en España en el control de la transparencia y el acceso a la información», en Revista Estado, Gobierno y Gestión Pública, núm. 27, 2016. pp. 89 116
  • J. Ponce, «Los jueces, el derecho a una buena administración y las leyes de transparencia y buen gobierno», en Administración al día, INAP, 19/1/2017.
  • Informe de la Comisión de Modernización del lenguaje jurídico. https:// lenguajeadministrativo.com/wp-content/uploads/2013/05/cmlj-recomendaciones.pdf
  • I. Villaverde; Los derechos del público, Tecnos, Madrid, 1995, p. 118.
  • M. Villoria, «Publicidad activa», en La Ley de Transparencia, Acceso a la Información, Publica y Buen Gobierno, (I. Wences, M. Kölling, S. Ragone (coords.), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, EPC, Madrid, 2014.
Fuente de los datos: Dialnet