Los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo en sentido estricto. El artículo 319 del código penal

Resumen

La tesis doctoral trata, en un primer capítulo introductorio, de la evolución legislativa de la protección penal de la ordenación del territorio y el urbanismo, con especial referencia a las últimas reformas introducidas en virtud de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. A continuación, se analiza extensamente el bien jurídico y la naturaleza de los delitos urbanísticos, si bien, previamente, nos referimos a la fundamentación constitucional y a las relaciones entre el Derecho Administrativo y el Derecho Penal respecto a esta materia. En el capítulo tercero, la tesis se va a centrar en un detallado estudio y análisis, considerando las distintas posiciones doctrinales y jurisprudenciales, acerca de la estructura jurídica del delito urbanístico. En particular, y distinguiendo entre el tipo básico del artículo 319.2, y el agravado, del artículo 319.1, se aborda el estudio del juicio de antijuridicidad ¿conducta típica, objeto material, sujetos, el dolo como referencia típica y las causas de exclusión de la antijuridicidad-,el juicio de culpabilidad ¿el dolo como elemento autónomo y la exigibilidad-,y el error. Tanto en relación al tipo básico, como respecto al agravado, al encontrarnos ante normas penales en blanco, se analiza exhaustivamente la normativa administrativa urbanística, en especial respecto a las obras no autorizables, los suelos no urbanizables, así como los suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan reconocido su valor paisajístico, ecológico, histórico o cultural, o hayan sido considerados de especial protección. En el capítulo cuarto se estudian las especiales formas de aparición del delito, y en especial, la consumación del delito y posibles supuestos de tentativa, la autoría y participación, la posibilidad de la consideración de supuestos de existencia de un delito continuado, así como las principales relaciones concursales. Finalmente, en el capítulo quinto, se analizan las consecuencias jurídicas de la comisión del delito, distinguiendo entre las penas impuestas a personas físicas y jurídicas, y con especial referencia a la facultad de ordenar la demolición de la obra, la reposición de la realidad física alterada, la responsabilidad civil y el comiso de las ganancias provenientes del delito.