La motivación de los actos administrativos
- Navarro González, Rocío
- Eduardo Gamero Casado Director/a
Universidad de defensa: Universidad Pablo de Olavide
Fecha de defensa: 19 de mayo de 2016
- José Ignacio López González Presidente/a
- Eloísa Carbonell Porras Secretaria
- Francisco Velasco Caballero Vocal
Tipo: Tesis
Resumen
En el trabajo de investigación titulado "La motivación de los actos administrativos" se abordan importantes cuestiones que avalan que el hecho de una regulación más exhaustiva y detallada de la motivación aportaría beneficios para reforzar derechos procedimentales de los administrados en sus relaciones con la Administración, logrando, a su vez, una aplicación más transparente y eficaz del derecho administrativo y un mejor control de la actuación administrativa por los tribunales. Una de las primera cuestiones refiere a la depuración del concepto legal de la motivación que acompañada de los principios que justifican su actuación y las finalidades establecidas, favorecerán la tarea de delimitar los perfiles jurídicos de dicha figura. Junto a ello, otros aspectos de gran interés hacia la motivación presiden este estudio como los relativos a la exposición de los diferentes requisitos que han de predicarse de una correcta y adecuada motivación y la identificación de las posibles modalidades en que puede articularse la misma. Finalmente y una vez examinados los supuestos en los cuales la Administración está obligada a exponer las razones y motivos de la decisión administrativa con las peculiaridades que caracterizan a la motivación en cada uno de ellos, se plantea un interrogante, carente de reflejo legal, relativo a las consecuencias de la falta de dicha exigencia o de su manifestación defectuosa. Del análisis particular de la motivación destacan aspectos significativos en relación a su régimen jurídico, que invitan a replantear y reconsiderar cuestiones esenciales y fundamentales para permitir afianzarla como una verdadera garantía procedimental. En definitiva, la exigencia de la motivación constituye una pieza esencial del Estado de derecho como garantía ineludible del ciudadano en sus relaciones con la Administración, resultando determinante la necesidad de acotar y asentar los rasgos fundamentales de la misma en una sociedad en la que el halo de la transparencia ha embargado la actuación de los poderes públicos.